TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DEL ICOMV quedan paralizadas hasta que se supere la actual situación de pandemia Covid-19.
Los plazos de cierre de presentación de instancias a cualquiera de las actividades que estaban programadas, quedan suspendidos desde el día 15 de marzo.
La Conferencia Magistral del Primer semestre queda aplazada hasta nueva fecha.
Disculpen las molestias
Ante la disposición publicada con fecha 30 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE 88 del 30 marzo 2020) el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) considera que no debe producirse la prórroga de la contratación de residentes de último año de ciertas especialidades aprovechando la crisis sanitaria causada por el coronavirus.
El Colegio de médicos de Valencia considera que no debe producirse la prórroga del contrato MIR de último año porque la labor que están prestando estos residentes es asistencial y no puede aprovecharse la situación actual, en la que se están tomando “medidas extraordinarias”, para rebajar la categoría profesional de una promoción de médicos que se lo han ganado, con su esfuerzo y trabajo personal. El Colegio exige a la Administración Sanitaria que se produzca el cambio de contrato laboral en formación y se proceda al nombramiento como médico especialista adjunto de todos los MIR de último año.
La Dra. Mercedes Hurtado Sarrió, como presidenta del Consejo Autonómico de los médicos valencianos, se reunió ayer 31 de marzo de 2020 con la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Dña. Ana Barceló, a través de videoconferencia. En el encuentro, la Dra. Hurtado expresó la necesidad de que a los residentes de 4ª año que acaban en mayo se les haga un contrato como adjunto especialista, que será su verdadera categoría, y no una prórroga de su contrato MIR, ya que esto supondría una falta de reconocimiento y un “bofetón” a nuestros residentes que en su último año de residencia están “dándolo todo” en esta emergencia sanitaria. La Consellera en esta videoconferencia se comprometió a hablar con el ministro de Sanidad para solucionar el problema de los contratos de los MIR.
Durante estas semanas de trabajo intenso en los hospitales y centros de salud debido a la crisis del COVID-19, los residentes de último curso han trabajado día a día poniendo todo su esfuerzo y dedicación. Por ello, no se debe prorrogar el contrato de formación, sería una medida injusta el penalizar a estos los profesionales que terminan su contrato de formación en breve, que están dispuestos a seguir prestando sus servicios en esta situación de pandemia en la que personal sanitario es el colectivo más afectado.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID— 19, adoptó una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, así como de las actividades sociales y económicas de nuestro país, que intentan contribuir a contener el avance del COVID—19.
En estos momentos difíciles, posiblemente los más difíciles de la historia vital de la gran mayoría de los españoles, es necesario seguir manteniendo un mensaje de confianza, de serenidad y de prudencia. No es fácil para nadie, y especialmente para las profesiones sanitarias en general y para la profesión médica en particular. Miles de médicos y médicas en todo el país están dando todo lo mejor de sí. Están llevando al límite su compromiso social, ese dar todo, para todos y por encima de los propios intereses personales. Competencia, tiempo, vocación, sacrificio, merecen el máximo reconocimiento. Por eso queremos enviar el mensaje tranquilizador a los ciudadanos de que siempre vamos a estar con ellos y, por lo tanto, seguiremos siendo firmes en centrar nuestras peticiones y aportaciones a la realidad de hoy. La profesión médica demanda ya medidas urgentes, eficaces, efectivas y eficientes. Estas medidas no tienen que ver con lo que pudimos hacer y no hicimos y lo que tendremos que hacer en un futuro. No entiende de debates políticos y si de compromisos y de aunar esfuerzos todos juntos. Somos un gran país y es por lo que demandamos:
Valencia, 30/03/20 El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos valencianos, compuesto por el Colegio de Médicos de Castellón, el Colegio de Médicos de Valencia y el Colegio de Médicos de Alicante, apoya a las sociedades científicas de Medicina Familiar y Comunitaria y de Pediatría quienes muestran su deseo de que los centros de salud sigan prestando servicios.
El Consejo muestra su apoyo al comunicado elaborado por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SOVAMFIC), Sociedad Española de Medicina General y de Familia (SEMG), Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP), Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria (AVALPAP), Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante (APEPA).
El Consejo respalda a estas sociedades en su petición. A través de su comunicado, las sociedades científicas reconocen el esfuerzo y la dificultad que existe para la toma de decisiones por parte de los responsables políticos y los gestores sanitarios y plantean medidas con el objetivo de ayudar a resolver de la manera más eficiente la crisis sanitaria.
Con motivo de la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus covid -19, la Policía Nacional ha reforzado las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal funcionamiento de los centros sanitarios y la protección a los profesionales de la salud.
En este sentido, al margen de las medidas adoptadas con carácter general, el Interlocutor Policial Territorial Sanitario de la Provincia de Valencia, ha querido remarcar la función de la policía como punto de comunicación permanente para tramitar y tratar de responder a las necesidades mediatas y previsibles de seguridad que puedan demandarse desde los diferentes Centros Sanitarios.
Como siempre, en los casos en los que se produzcan incidentes de seguridad que precisen una respuesta inmediata, deberán contactar directamente con la Policía a través del 091.
Para más información contactar con valencia.segpriv@policia.es
Además, desde la Red Azul de la Polcía Nacional le han hecho llegar al Colegio “su gratitud y reconocimiento a todos los sanitarios por el trabajo que están realizando contra la pandemia del COVID 19, y muy especialmente a aquellos que han resultado contagiados en esta lucha incansable que están llevando a cabo con profesionalidad y entrega, deseándoles una pronta recuperación.
Tanto los profesionales sanitarios como la Policía Nacional se encuentran unidos en primera línea de batalla, trabajando codo con codo, día a día, de manera constante, con el único objetivo de proteger y garantizar la salud de los ciudadanos y recuperar cuanto antes la normalidad.
Asimismo, se quiere transmitir a toda la familia sanitaria las más sinceras condolencias por aquellos profesionales de la salud que han fallecido a causa de la enfermedad contra la que estamos luchando.”
Ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Justicia, en relación a las Certificaciones de Defunción de fallecidos por causas naturales, y en especial en los casos con Covid-19 o sospecha de infección por Covid-19, y de acuerdo con las definiciones propuestas por la OMS, la Vocalía Nacional de Administraciones Públicas informa acerca del procedimiento a seguir sobre las Certificaciones de Defunción:
1.- Debido a la necesidad de contar con los medios adecuados de protección contra los riesgos biológicos y en particular contra la exposición al COVID-19, se recuerda la necesidad de seguir las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Sanidad, y reducir al mínimo imprescindible los reconocimientos en situaciones de riesgo.
2.- La intervención judicial del Médico Forense se limitará, por tanto, a los casos de muerte violenta o en los que exista clara sospecha de criminalidad.
3.- En el resto de los casos, la certificación de la muerte corresponde a los médicos asistenciales de los Servicios Públicos o Privados de Salud.
4.- Para la emisión de los correspondientes certificados de defunción, en los casos de probable infección por Covid-19 en el medio comunitario sin confirmación analítica, una vez consultados, si ello es posible, los antecedentes médicos del fallecido con especial atención a la sintomatología descrita de la infección, se procederá a certificar de la siguiente manera.
– Causa Inicial o Fundamental de la Muerte: COVID-19 NO CONFIRMADO o SOSPECHA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS.
– Causa Inmediata: la causa última que se considere correcta, sirva como ejemplos “fallo multiorgánico”, “distrés respiratorio” o “insuficiencia respiratoria aguda”.
– Podrán reflejarse causas intermedias si las hubiera o se conocieran: “neumonía” “sepsis” o “coagulopatía”.
– En el apartado otros procesos deberán recogerse las patologías o comorbilidades que conllevan un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave si existieran: “enfermedades cardiovasculares” “hipertensión arterial” o “diabetes”.
5.- En los casos de COVID 19 confirmado mediante test de laboratorio, la Causa Fundamental deberá recogerlo de la siguiente manera: COVID-19 CONFIRMADO. Para el resto de la certificación se procederá como en el apartado anterior.
Todo ello sin perjuicio de la colaboración que sea requerida a los médicos forenses por parte de las autoridades sanitarias.
Ante la nueva situación en la que nos encontramos que sólo se permite el mantenimiento de actividades esenciales, el Colegio, como corporación de derecho público, solo mantiene como actividad presencial/esencial la Colegiacion.
Por ello, se ruega a todos los colegiados que cualquier gestión que deseen realizar en el ICOMV la realicen por vía telefónica, llamando al 963355110. Desde el Colegio se les informará si se puede realizar la gestión por otras vías, que no sea la presencial
Los servicios externos al Colegio no tendrán atención presencial. Se podrá contactar con ellos por vía telemática o telefónica:
Valencia, 26/03/20 El Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) respalda la decisión tomada esta mañana por el Juzgado de lo Social n.º 10 de Valencia. Ante una demanda de medidas cautelarísimas para garantizar que los médicos cuenten con los equipos de protección suficientes y de calidad, el Juzgado ha dado 24 horas a la Conselleria para llevarlo a cabo.
El ICOMV con este auto del juzgado ve reforzada su exigencia de que la Conselleria debe garantizar la salud e integridad física del personal sanitario para evitar la propagación del virus entre nuestro colectivo.
Desde el Colegio de Médicos de Valencia, insistimos en la necesidad de que el personal sanitario trabaje con material de protección (batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos). Esta es la única forma de proteger la salud de los profesionales sanitarios.
Por ello, en este auto del Juzgado en el que se requiere a la Conselleria de Sanidad para que, en un plazo breve, 24 horas, proceda a dotar a los centros sanitarios de material de protección, el Colegio ve reforzada su postura de exigir que se proporcione el material para que los médicos trabajen con el material de protección adecuado.
Valencia, 24/03/20 Ante las desafortunadas declaraciones realizadas por la Consellera de Sanitat Universal i Salud Pública, Dña. Ana Barceló Chico, referentes a que “los sanitarios se han contagiado por hacer viajes o ver a familiares” el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana, integrado por los Colegios de Alicante, Castellón y Valencia quiere manifestar que el 15 % de los afectados por Coronavirus es personal sanitario, cifra muy superior a otros países europeos inclusive a Italia que está en torno a un 8% . Este personal sanitario está trabajando en primera línea con medios de protección escasos e inadecuados, anteponiendo la salud de la población a la suya propia.
Por todo ello, exigimos una rectificación inmediata y una disculpa a todo el personal sanitario que con su dedicación y entrega está poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares, y en caso de que la Consellera no asuma sus responsabilidades solicitaremos su cese fulminante.
Continuamos exigiendo:
La Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha realizado un informe en el que recoge consideraciones éticas y deontológicas ante la limitación del acceso a la atención sanitaria a los pacientes.
La crisis sanitaria producida por la pandemia por el coronavirus COVID-19 ha colocado a nuestra sociedad en un nivel de estrés sanitario desconocido hasta el momento y a la vez pone a prueba la capacidad de respuesta social ante unos resortes sanitarios públicos y privados que serán pronto insuficientes. Pacientes, ciudadanos, profesionales sanitarios y administraciones nos encontramos sumidos en una incertidumbre que se incrementa a medida que aparecen nuevos casos y mueren nuevos pacientes mientras se saturan progresivamente los servicios sanitarios públicos y privados. Todos los enfermos que lo precisen deben ser atendidos de la mejor manera posible en un Sistema Nacional de Salud (SNS) que es de todos y para todos.
En este escenario corresponde a los médicos epidemiólogos la previsión y cálculo objetivo del número de casos de enfermos afectados por el virus. Y obliga a las estructuras gubernamentales a proporcionar datos fiables a los equipos de epidemiología a fin de que el cálculo de la estimación de requerimientos para la atención a pacientes graves y críticos sea fiable.
Parece que en un futuro inmediato no tendremos capacidad de respuesta suficiente para atender todos los casos, de cualquier patología, que precisen cuidados intensivos. Esta situación puede producir de modo subrogado detrimento en la atención a pacientes de otras patologías que requieren cuidados avanzados y cuidados intensivos.
Preguntas difíciles pero necesarias
Surgen varias preguntas: ¿Ante el progreso de la enfermedad disponemos de los dispositivos asistenciales suficientes para una adecuada atención a todos los enfermos que lo precisen en cuidados intensivos? ¿Cuántos enfermos podrán ser tratados? ¿Cómo es la distribución de dichos dispositivos asistenciales en todas las CCAA?
Es posible que se imponga la necesidad de decidir en qué pacientes se emplean determinadas terapéuticas y en cuales no pueden emplearse debido a la limitación de recursos. Es decir, será necesario establecer una priorización para adecuar los recursos a la carga asistencial y recursos humanos y técnicos disponibles.
Consideraciones éticas y deontológicas
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma, la limitación de acceso a la atención sanitaria de los pacientes, obliga a los profesionales a tratar con extremo cuidado sus decisiones, y al gobierno de la nación y a todas las autoridades sanitarias a hacer todos los esfuerzos posibles para habilitar camas de cuidados intensivos dotadas adecuadamente para atender los casos críticos.
Los equipos directivos y cargos intermedios de las organizaciones sanitarias deben prestar especial atención a la seguridad de los integrantes de los equipos sanitarios, especialmente en las áreas de gran contagiosidad como son en atención primaria y sobre todo en las unidades de urgencias, medicina interna, anestesia, enfermedades infecciosas, respiratorio y cuidados intensivos, porque tan solo minimizando el riesgo de contagio de los profesionales se podrá asegurar la continuidad en la asistencia y cuidados de los pacientes. Consideramos que es prioritario, además de contar con los Comités de Ética Asistencial, la creación de gabinetes de crisis en los centros hospitalarios, de actividad permanente, en la que se integren todas las especialidades médicas implicadas en la atención, y prevención de la infección por el COVID19.
Los equipos directivos y cargos intermedios de las organizaciones sanitarias deben proporcionar el adecuado equipamiento médico que sirva para cumplir la atención básica a todos los enfermos que lo requieran. Ello obliga a estos profesionales directivos a una comunicación objetiva, franca y leal con los profesionales y con la sociedad. Se deben presentar fielmente los recursos que puedan ser necesarios, así como su disponibilidad. Igualmente obliga a médicos directivos y profesionales de la Administración Central y de las distintas áreas sanitarias del Estado a una interlocución constante e intercambio de recursos con aquellas zonas de mayores necesidades asistenciales.
Para disminuir los ingresos en las unidades de cuidados intensivos deben sincronizarse todos los equipos médicos intervinientes en cada caso y procurar una armonización de todos los profesionales porque el tratamiento temprano de la insuficiencia respiratoria fuera de las unidades de cuidados intensivos puede ser de gran utilidad para el pronóstico del paciente, y pudiera prevenir el ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Por ello, es obligado la coordinación, entendimiento sincero, directo y franco entre los servicios y profesionales de dichas especialidades.
Cuando el SNS no pueda proporcionar la atención necesaria porque las unidades disponibles sean insuficientes y no haya posibilidad real de aumentarlas, el establecimiento de prioridades más que necesario es imprescindible y una obligación ética y deontológica.
La primera exigencia deontológica de un médico en cualquier situación que requiera asistencia es la atención al paciente que la demanda y necesita, con todas las garantías y medios necesarios a su alcance. Es por tanto imposible obviar los conflictos éticos y profesionales que conlleva limitar los medios asistenciales a un enfermo con una supervivencia nula, o previsiblemente nula, en un corto espacio de tiempo si limita o impide la respuesta a otros enfermos con más probabilidades de supervivencia.
En situaciones de crisis sanitarias deben utilizarse herramientas y procedimientos asistenciales ya desarrollados para la asistencia sanitaria, como son la consulta del registro de voluntades anticipadas/instrucciones previas, el establecimiento de un nivel de intensidad terapéutica previo al ingreso, así como la correcta y precisa evaluación del riesgo-beneficio (para él o para otros) del ingreso del paciente en la unidad de cuidados intensivos y otros dispositivos asistenciales.
El segundo aspecto relevante es que el cumplimiento de la atención médica debida respete los requisitos que establece la lex artis, aunque necesariamente no se puedan perseguir objetivos de intervención sanitaria óptima. El principio de Justicia permite una distribución prudente de los recursos adecuando la aplicación de estos sin que ningún paciente pierda oportunidades. El caso con opciones de respuesta recibe los tratamientos y medidas que corresponde a esa expectativa y el paciente con menos opciones de respuesta y supervivencia también recibe la atención proporcionada a esa expectativa. No se abandona a ningún paciente y se garantiza la atención y cuidado máximo posible.
Recomendaciones y guías de comportamiento
Todo lo expuesto obliga a considerar y explorar las ayudas que el médico pueda tener para responder mejor a situaciones tan complejas como la actual. Por ello, son de utilidad documentos como los ofrecidos por la SEMICYUC denominado “Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia covid-19 en las unidades de cuidados intensivos”, la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, Marco ético pandemia COVID 19, o el ofrecido por la Sociedad Española de Oncología denominado “Recomendaciones sobre la infección por sars-cov-2 para profesionales sanitarios implicados en el tratamiento de pacientes oncológicos” y otros que puedan generarse al respecto.
La cuestión que se plantea con carácter general es ¿qué hacer cuando el médico no puede prestar asistencia a todos los enfermos en base a los recursos de los que dispone? y ¿cuáles son los criterios que se deben considerar para excluir a unos en beneficio de otros? El médico tendrá en cuenta que cada caso requerirá la deliberación oportuna, antes de tomar una decisión, porque las recomendaciones mencionadas u otras, no pueden responder siempre a la singularidad de cada paciente.
¿Se debe informar a los pacientes, o en su caso a los familiares, lo extraordinario de la situación y la justificación de las medidas? Es preciso hacerlo. Cada caso, cada paciente requiere un tratamiento de información adecuado, será el médico responsable de la asistencia quien haga partícipes a los familiares o representantes legales las decisiones clínicas y terapéuticas que les afecten.
Las mejores decisiones éticas suponen la aceptación del ingreso en cualquier servicio o unidad de cuidados si parten del conocimiento de las directrices éticas básicas, así como de un profundo conocimiento científico de todo ello. Las decisiones deben ser coordinadas y fundamentadas en dicho conocimiento y experiencia de los médicos intervinientes.
Cada decisión exige y requiere utilizar la prudencia y la competencia junto con el buen juicio clínico y la capacidad personal para tomar decisiones conformes a la deontología profesional, que no sean contrarias a la ética ni a la legislación vigente y su aplicación al bien general de cada persona enferma. El juicio clínico prudente requiere ser conocedor de todo lo relevante que ocurre, envuelve y siente el paciente. La prudencia es una cualidad necesaria siempre y no solo en el caso en que sea preciso priorizar entre pacientes, sino también, por ejemplo cuando haya que adecuar el esfuerzo terapéutico sobre aquellos cuya expectativa de vida sea muy limitada o nula.
La valoración deontológica de cualquier priorización para el ingreso y atención a pacientes graves y críticos en situaciones de limitación de recursos requiere considerar que:
La situación creada por la epidemia por el Coronavirus COVID19 requiere:
a) Compartir recursos materiales, tecnológicos y humanos, debe ser una prioridad entre los territorios y las unidades asistenciales de cualquier tipo. No solamente es un indicador de solidaridad y progreso social, sino también de eficacia y eficiencia.
Esa solidaridad se manifiesta en la atención a los pacientes por parte de los profesionales. Incluso durante los desastres, el deber principal de los profesionales de la salud es con los pacientes que necesitan atención médica, aunque como en este caso implica riesgos para el médico.
b) Prudencia en la información que se ofrece a la población para evitar la alarma social. Las decisiones clínicas deben estar respaldadas con el mejor y mayor consenso posible y decidir el modo adecuado de procurar la información pública. La información debe ser lo más uniforme posible y estar centralizada para evitar alarma social y esto sin dejar de ser lo más completa, veraz y accesible al común entendimiento. Lo cual debe corresponder a las autoridades sanitarias. No corresponde hacerlo y difundirlo a instituciones o estructuras profesionales o científicas, salvo que sea por decisión de la autoridad sanitaria y de acuerdo con ella.
c) Transparencia, proporcionalidad y responsabilidad
Las decisiones conforme a la ética reflejan experiencia técnica y también reflejan los valores ético-médicos. De ahí la preocupación de los profesionales por tratar con justicia y evitar la discriminación injustificada. Se ha de atender del mejor modo a cada uno, según sus circunstancias y fomentar la confianza pública.
La limitación y la adecuación del esfuerzo terapéutico van a ser necesarias para atender bien y de forma proporcional, en una situación de desastre o catástrofe sanitaria. De ahí la responsabilidad de todos ante la toma de decisiones, que ha de incorporar la evidencia posible, incluida la revisión de decisiones a medida que surgen nuevos datos.
Hay que comprender que resulta muy difícil y hasta imposible el que una familia pueda entender y aceptar la limitación de un tratamiento, en función de las escasas posibilidades de curación de su ser querido.
